HUELGA 9 de marzo 2017

HUELGA GENERAL EN EDUCACIÓN EL 9 DE MARZO DE 2017:

DENUNCIAMOS SIETE AÑOS DE RETROhuelga-9-mcylCESO Y RECORTES EDUCATIVOS

 

El 9 de marzo convocamos una huelga general de educación con el propósito de exigir al Gobierno la reversión de los recortes en educación, el incremento presupuestario destinado a la educación pública, la derogación de la LOMCE, un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades, la eliminación de las “contrarreformas” universitaria (el 3+2…) y la bajada de las tasas universitarias.

También para conseguir la recuperación de las plantillas docentes, la dignificación de las condiciones laborales del profesorado, el freno a la privatización del sistema educativo, la bajada de ratios de alumnado por aula, recuperar todas las medidas de inclusión y atención a la diversidad y un acuerdo social por un pacto educativo donde la comunidad educativa sea su protagonista principal.

Por los responsables educativos de las distintas administraciones y organismos públicos se han venido tomando medidas de manera unilateral que afectan a la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, tanto a los profesionales de la enseñanza, como a familias y al alumnado. El Real Decreto-Ley 8/2010 de recortes del 5% de salarios y de la congelación retributiva para los Empleados Públicos supone el inicio de una serie de ajustes en las condiciones sociolaborales del profesorado con repercusión en la calidad de nuestro sistema educativo (Real Decreto-ley 14/2012 y RD-Ley 20/2012). Y así hasta siete años en los que la acumulación de recortes y las contrarreformas educativas (LOMCE, reforma de la LOU y Reales Decretos de desarrollo de ambas normas), han supuesto un gran retroceso que nos sitúa en condiciones del siglo pasado.

  • Menos profesorado y menos personal en los centros educativos y universidades, más precariedad laboral

Las reducciones de plantillas por efecto de la tasa de reposición, por el aumento de las horas lectivas y de la jornada laboral, por el incremento de la carga académica y por la desaparición de programas,… han supuesto la destrucción drástica de puestos docentes y de personal no docente y un aumento en la precariedad de los mismos. MINHAP: 2012-2016 se han perdido 41.014 no universitarios, 4.643 profesores y 2.470 puestos de PAS en las universidades.

En CyL alrededor 1500 puesto menos no universitarios y una aumento de su precariedad, del 8 al 25 % (cerca del 30% en Secundaria, en personal docente de servicios educativos y complementarios (PSEC), 41% del personal docente e investigador (PDI) de las universidades, la mayoría del personal investigador tiene contratos temporales y en las plantillas del PAS de las universidades, la temporalidad ha crecido hasta alcanzar el 17%.

Y, ahora que podría subsanarse algo la precariedad, mientras en otras CCAA se han convocado oposiciones, en CyL no han  hecho los deberes con la excusa de que no están aprobados los presupuestos.

  • Baja calidad educativa: Aumento de ratios, baja atención de la diversidad y menos igualdad.

En aplicación del RD-Ley14/2012, se han incrementado las ratios, lo que ha supuesto un retroceso de décadas en el sistema, la atención a la diversidad en el aula se ha visto perjudicada, desapareciendo de los grupos de refuerzo, desdobles, de programas educativos para asegurar la igualdad de oportunidades y para la mejora del rendimiento escolar: Educa 3, Competencia Básicas, Leer para aprender, PROA, Profundización de conocimientos, Contratos-Programas, Programa ARCE, reducción del Plan de disminución de abandono escolar temprano, …. Se mantienen recortes destinadas al apoyo, refuerzo y orientación educativa.

Más carga horaria y otras medidas laborales que repercuten en una menor atención educativa. Generalización de las 37,5 h de jornada. Con un incremento de carga lectiva y menos tiempo para, tutorías, departamentos, coordinación, evaluación… En la Universidad se incrementó  la carga académica hasta los 32 créditos.

Tampoco se cubren las bajas de menos de 15 días y al profesorado se le ha obligando a impartir docencia en especialidades diferentes a la propia,….

  • Menos financiación pública de la educación y más carga para las familias. En el Estado: del 4,9% (del PIB’2010) a un 4,1 % en 2015. Siete años de retroceso en presupuestos que nos colocan lejos de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%). Para el año 2017 está previsto además que este porcentaje caiga por debajo del 4%. Recortes que afectan fundamentalmente a la enseñanza pública, mientras se sigue manteniendo o incluso ampliando la enseñanza privada concertada.

En CyL se recortó cerca del 20% entre 2009-2013 y en términos de PIB la caída ha sido de cerca de medio punto (4% en 2009 a 3,56 en 2014), por lo que las cargas familiares se han incrementado, por los recortes en las becas y por los precios de las matrículas (CFGS de FP 480€ y de GM entre 120€ y 220€, a lo que se unen las prácticas en empresas no remuneradas), nuevas tasas abusivas para la PAU para el acceso a la universidad y en especial en las enseñanzas universitarias en un 32% y en los máster del 75% (las terceras más caras de España), unido a una injusta y restrictiva política de becas, aumentando las desigualdades: miles de alumnos fuera del sistema educativo o dificultando su mantenimiento en él.

Menos recursos inversiones en infraestructuras y equipamientos y en gastos de funcionamiento para los centros (y centros por construir que no se han llevado a cabo, como en el Arroyo, la Cistérniga, o unificando otros como en Arenas de S. Pedro, mientras se siguen concertando,…)

Menos formación permanente. Práctica desaparición de los Programas para la formación, reducción de centros de profesores, la disminución de licencias por estudios, de ayudas a la formación,  …,  por lo que la formación docente queda a la voluntariedad individual y a su cargo.

  • Peores condiciones sociolaborales: Los trabajadores y las trabajadoras han sufrido un grave retroceso en sus derechos laborales, vulnerándose sistemáticamente los acuerdos laborales previos: 5% de cortes, más la congelación, que supone una pérdida de poder adquisitivo que supera en el 15,4% si tenemos en cuenta la evolución del IPC; supresión de las prestaciones económicas por baja de incapacidad temporal, de manera que no se cobra el 100%; supresión o disminución de la concesión de cualquier ayuda en concepto de acción social, de compensaciones económicas al profesorado itinerante, viajes y desplazamientos educativos…; el déficit en la reducción de horas lectivas de mayores de 55 años; la reducción de permisos, licencias por estudio, …; se han incrementado de forma exagerada los niveles de exigencia para la acreditación a los cuerpos docentes universitarios,…. Y, ni que decir tiene ante esta situación, justifican la demora de forma indefinida de la negociación del Estatuto Docente.

Imposición de la LOMCE

  • Se mantiene una ley segregadora que establece itinerarios excluyentes, que selecciona y clasifica al alumnado, incluso antes de finalizar la enseñanza obligatoria.
  • Una ley sin financiación suficiente, lo que añade nuevos problemas al sistema educativo.
  • Evaluaciones externas y tempranas que llevan a la separación/segregación del alumnado y de los centros sin que se tenga en cuenta la situación socioeconómica de origen o cualquier otra circunstancia personal. La suspensión de las reválidas, ha sido consecuencia de una larga lucha.
  • Un procedimiento que abre la puerta a la especialización y clasificación de los centros que llevará necesariamente a la selección del alumnado en función de sus niveles académicos.
  • La jerarquización de las direcciones de los centros, dejando al margen de la participación de la comunidad educativa, con repercusiones en la selección del profesorado e, incluso, en la selección del alumnado. Ello con las consecuencias de afectación al derecho de movilidad del profesorado.
  • La reducción de la optatividad y en consecuencia de las materias de modalidad en el Bachillerato lo que lleva a un recorte en el profesorado de cerca de 5.000. Igualmente obliga, en el mejor de los casos, a una reubicación del profesorado que afecta a sus condiciones laborales.
  • La inestabilidad de las plantillas de los centros, con un alto grado de interinidad e inseguridad laboral, que incide en la calidad educativa.
  • Una Formación Profesional básica que da lugar, necesariamente, a una segregación temprana del alumnado para llevarle al mundo laboral con una mínima formación y excluyéndoles de la formación reglada y de las vías de integración, que afecta principalmente a los alumnos con mayores dificultades socioeconómicas. Ello, lleva a la creación de “centros gueto”, con grave incidencia en las condiciones en el desempeño el proceso educativo.
  • Recortes significativos en el derecho de participación de la comunidad educativa en los centros, reduciendo competencias de los consejos escolares e incidiendo negativamente en la toma de decisiones.
  • Además, la reducción de los presupuestos han afectado gravemente al profesorado y las enseñanzas no regladas, como Música y Danza.

Deterioro del sistema universitario público, encarecimiento y privatización

  • El precio final de la matricula se ha encarecido un 66% de media. Se ha llegado a un punto en el que el primer curso de la carrera más barata costará 1620€, y repitiendo asignatura, se necesita pagar hasta 5 veces más.
  • La financiación pública de las universidades ha supuesto una caída en el período de 2010 a 2014 por importe de 1.213 millones de euros.
  • El recorte en los gastos de personal ha supuesto una disminución de 7.500 empleos públicos.
  • Los recortes en la financiación para la investigación han sido de un 24,6%, como media, desde el año 2008
  • El sistema de becas y ayudas al estudio ha sufrido un recorte no sólo en el monto total (más de 3’5 M€ menos) sino en la financiación por estudiante.
  • Aumento desorbitado de las universidades privadas en los últimos años, pasando de 15 a 32 y con un fuerte impacto en los estudios de máster a precios inasequibles.

Por tanto, la Plataforma por la Enseñanza Pública de Castilla y León exige:

  • La derogación del RD-Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativa que introdujo los mayores recortes educativos y la derogación del RD-Ley 20/2012 y de la normativa de recortes de la Junta de CyL.
  • La derogación de la LOMCE y de las reformas de LOU. Igualmente exigimos la derogación de los decretos de desarrollo de ambas
  • La retirada del recurso de paralización de la LOMCE interpuesto por el gobierno ante el tribunal Constitucional
  • La reversión de los recortes en la Educación y en las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza en todos los niveles educativos.
  • Recuperar tasas universitarias no superiores a las anteriores licenciaturas y avanzar hacia gratuidad estudios universitarios y aumento progresivo de las cuantías e inversión en becas.
  • La negociación colectiva de todos los aspectos que afecten a las y los trabajadores de la enseñanza en todos sus niveles y particularmente la recuperación de las 35 horas/semanales, reversión de las actividades externalizadas a la titularidad y gestión pública, así como la delimitación clara de las funciones.
  • La participación prioritaria de los sindicatos docentes, junto a otros agentes sociales de la Comunidad educativa (madres y padres, estudiantes,..) en las negociaciones de un Pacto por la Educación, en donde reclamamos se incorpore el Documento de Bases desde las Redes por una nueva política educativa. https://porotrapoliticaeducativa.org

Cada vez parece más evidente que la crisis es una excusa más para privatizar y desmantelar el sistema público educativo, pues mientras se rescatan bancos, se recorta en algo tan imprescindible como el derecho a la educación. A lo que nos oponemos de nuevo con la convocatoria de esta Huelga General en Educación.

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